Debido a lo que considera un "trato injusto" de parte de la Federación hacia Jalisco en materia presupuestaria, el gobierno estatal inició la ruta jurídica para salir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, anunció ayer el aún gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al entregar la iniciativa a los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) para que comiencen su cabildeo en la Cámara de Diputados.

"El planteamiento que estamos presentando hoy al Congreso es una ruta en la cual, Jalisco buscará no seguir adherido a este convenio de coordinación fiscal", subrayó el mandatario.

"El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un mecanismo anacrónico, inoperante, injusto, contrario a fomentar el desarrollo económico y social de las entidades federativas sometiéndolas a un régimen centralista y discrecional", sostuvo.

El gobernador de Jalisco denunció que en 2023, cuando el Gobierno del Estado solicitó replantear la relación fiscal con la Federación, las reducciones en participaciones federales a la entidad ascendieron a 4 mil millones de pesos, mientras que este 2024 la afectación fue de 3 mil 600 millones de pesos. 

Explicó que en 2023, el Congreso local lo instruyó para que gestionara ante el gobierno federal un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal, y aclaró que "el planteamiento de Jalisco nunca fue de inicio salirse del Pacto Fiscal; era buscar un nuevo convenio y ese planteamiento no era atendido, entonces tomar el camino de la salida".

No obstante, dijo, "el entonces secretario y actual secretario (Rogelio Ramírez de la O) desdeñó a Jalisco, ignoró los planteamientos del estado y la Federación siguió actuando con la soberbia de siempre".

El titular del Ejecutivo estatal abundó que aún cuando la Ley de Recaudación Fiscal establece porcentajes específicos de la recaudación federal participable, en los hechos, entre 2022 y 2022, el gasto federalizado ha disminuido ocho puntos porcentuales.

"La situación es insostenible...Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal de manera absurda le quita a los estados sus facultades en materia fiscal. A partir de esta ley (que data de 1978), es que la Federación reclama para sí la potestad exclusiva de gravar la Renta, el Consumo, y de ampliar el catálogo de productos y servicios especiales como la Ley del ISR, del IVA y de los IEPS condicionando a las entidades a no establecer gravámenes por estos conceptos al estar adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal", se quejó.

El nuevo convenio de Coordinación Fiscal que plantea el gobierno de Jalisco, establece cambiar la perspectiva de la distribución del gasto, y que los estados tengan la facultad explícita de decidir adherirse o no.

"Es decir, no estar en el convenio porque así lo decidió alguien hace casi 50 años; es que si tú quieres estar en el convenio lo decidas como estado libre y soberano y definas con la Federación los términos de ese convenio", explicó Alfaro.

Plantea, asimismo, la idea de redistribuir la riqueza a partir de un componente basado en la competitividad aunque sin olvidar el valor de la cooperación y solidaridad con los estados que menos tienen.

"Queremos seguir ayudando a los estados que más lo necesitan pero lo que no podemos permitir es que nos sigan pisoteando, que nos sigan ignorando y que nos sigan maltratando presupuestalmente", abundó.

La iniciativa establece también que las empresas tengan su domicilio fiscal en las entidades donde se encuentra su operación física y no en la Ciudad de México; desindexar de las participaciones federales los préstamos tanto de la entidad como de sus municipios para que queden garantizadas con los ingresos propios ya que de lo contrario, la decisión de adherirse a un nuevo sistema de Coordinación Fiscal "nunca será una posibilidad real".

"Buscamos en nuestro planteamiento, que el Fondo General de Participaciones debe llegar de forma progresiva al 30% de la recaudación federal participable que la Federación obtenga en un ejercicio", refiere la iniciativa.

Como parte del paquete de iniciativas de la llamada agenda Federalista de Jalisco, Enrique Alfaro presentó ante el Congreso local una serie de reformas para blindar constitucionalmente a los sistemas de Salud y Educación en la entidad, así como el de Justicia Alternativa.

"Vamos a blindar constitucionalmente los servicios de Salud y de Educación como una responsabilidad compartida del Estado con la Federación. Para que quede claro que lo que es de Jalisco no lo va a desmantelar el gobierno federal en materia de Salud y en materia de Educación y que si lo pretenden hacer, van a tener que pasar por encima de nuestra Constitución", enfatizó Enrique Alfaro Ramírez.

En materia de Salud, la iniciativa busca evitar que pase al control de la Federación tanto la infraestructura como el presupuesto de casi 99 mil millones de pesos destinados a ese rubro en el actual sexenio, "que no pueden ser arrebatados por la Federación".

En tanto, en el tema educativo, la iniciativa deja salvaguardado constitucionalmente el modelo Recrea Educar para la Vida, así como todos sus programas secundarios y también el Fideicomiso de Infraestructura Educativa que se conforma con una parte del Impuesto Sobre Nómina (ISN) que se cobra a las empresas y que se destina a la reconstrucción a fondo de las escuelas de la entidad.