Los Expedientes del Imperio

Por Jaime Contreras Huerta

El amparo o "hazme el paro" 

El recurso de amparo, en manos del poder judicial y la oligarquía se ha convertido en una herramienta para paralizar las reformas y los juicios en contra de los poderosos que surgieron en el régimen neoliberal y gozaron de privilegios a lo largo de más de tres décadas. Durante el sexenio del presidente Manuel López Obrador, este recurso sirvió para proteger a los oligarcas multimillonarios cuando sus privilegios estaban en riesgo. En este contexto, los amparos han tenido un impacto significativo en la política mexicana reciente, sobre todo, en materia de reformas a la constitución impulsadas por el gobierno de la 4T, donde los amparos han sido utilizados para detener o modificarlas y para intensificar el debate público sobre la legitimidad de las reformas y el alcance del poder judicial.

Aprobada la reforma al poder judicial, el fantasma de los amparos seguirá, pero ahora como una simple intentona de frenar su publicación. Quedó claro que, durante las manifestaciones en contra de la reforma, los trabajadores del poder judicial estaban solos, aunque con el respaldo de los grandes medios corporativos. Ministros, magistrados y jueces no tuvieron el apoyo de sectores como el obrero o de los sindicatos, estuvieron solos sin ningún tipo de respaldo popular. Los   manifestantes, eran en gran medida miembros de las 89 familias  que controlan todo el aparato de justicia en el país, donde 49 por ciento de los trabajadores está emparentado entre sí, en tal medida, que hay un magistrado con 26 familiares.

Estuvieron solos bajo  el amparo del  grupo político que gobernó el país durante mucho tiempo y que se caracteriza por su filiación neoliberal y prianista, que siempre han estado en contra  de las iniciativas de reformas del presidente Manuel López Obrador,  por ejemplo,  la nacionalización de la Reforma eléctrica, que planteaba que  la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generara al menos el 54 por ciento de la energía que requiere el país y que proponía  reincorporación del Centro Nacional de Control de Energía a la CFE y suprimir a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Otra iniciativa que frenaron fue la reforma político-electoral con la que el presidente pretendía transformar al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultar (INEC). La reforma rechazada, buscaba que los consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fueran elegidos por voto popular. También planteaba, reducir de 500 a 300 los diputados que integran la Cámara Baja. Ante la negativa de aprobar su iniciativa, el presidente presentó su llamado Plan B de reforma electoral para reducir la estructura del INE y que no requirió de mayoría calificada para ser aprobada, sin embargo, la Suprema Corte invalidó la reforma por violaciones en el proceso legislativo.

 Una negativa más fue la del  31 de enero, cuando la Segunda Sala de la Suprema Corte invalidó la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), aprobada en marzo de 2021, por vulnerar los principios de competencia, libre concurrencia y desarrollo sustentable. Esta ley priorizaba el despacho de energía a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la energía generada por productores privados de electricidad, incluidas las plantas de energía renovable.  La reforma para pasar el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que fue aprobada por el Congreso con los votos del PRI en septiembre de 2022, corrió con la misma suerte que el Plan B, pues el máximo tribunal la declaró inválida por violar el artículo 21 de la Constitución que establece que todas las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil y no castrense.

Con lo anterior, resulta evidente que el poder judicial en México es independiente y que opera con mecanismos dudosos para tumbar toda ley que no favorezca los intereses de los poderes económicos o de las multinacionales.  Se trata de un poder federal, secuestrado por varias familias que en los últimos 20 años recibió   miles de quejas sobre crímenes que no se investigan. Aunque aplaudidos por las voces justicieras que los medios de comunicación corporativos, México, el de los informados, ve al poder judicial, como un ente con un sistema de tribunales que se encarga de interpretar, aplicar y defender la ley en nombre del Estado, pero que solo favorece a quienes tienen dinero suficiente para contar con una pronta resolución de su caso, Incluso si son hallados culpables.  por eso la alternativa de las prisiones domiciliarias para delincuentes millonarios, la libertad bajo fianza, la condonación de deudas tributarias a los evasores fiscales, así como la libertad a asesinos, narcos y torturadores, entre otras tropelías.

Para los del cártel de la toga, su discurso jurídico ya no será una herramienta clave en la producción y reproducción de sus relaciones de poder.  En México ya sabemos identificar lo que es justo o injusto, lo que es criminal o lo que es sano, lo que es democracia y justicia, lo amerita amparo y lo que significa  “hazme el paro”.

Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Ajedrez Político SLP.

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