Unas 1300 millones de personas en el mundo, aproximadamente el 16% de la población global, viven con alguna forma de discapacidad, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, este número asciende a 66 millones de personas, lo que representa cerca del 12% de la población regional. Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de velar por los derechos de este colectivo y promover la construcción de una sociedad más inclusiva.

Según el censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 16.5% de la población mexicana, es decir, 20 millones 838 mil 108 personas, tiene alguna discapacidad o limitación.  De acuerdo con el CEFP, en 2023, el 6.8% de la población mexicana, es decir, 8.9 millones de personas, reportó tener discapacidad. De esta población, el 46.6% eran hombres y el 53.4% mujeres. 

A pesar de los avances en el reconocimiento de sus derechos, las personas con discapacidad enfrentan desigualdades en el acceso a la salud, la educación y el empleo, aspectos que también se ven impactados por barreras físicas, sociales y económicas. Según la OMS, estas inequidades “se derivan de las situaciones injustas a las que se enfrentan las personas con discapacidad”, entre las que el organismo identifica la estigmatización, la discriminación, la pobreza, la exclusión de la educación y el empleo, y las barreras dentro del sistema de salud.

Según datos de la OMS, las personas con discapacidad tienen el doble de riesgo de desarrollar problemas de salud como depresión, diabetes o ictus -accidente cerebrovascular (ACV), apoplejía, ataque cerebral o derrame cerebral, es una alteración en la circulación cerebral que se produce cuando se interrumpe el flujo de sangre a una parte del cerebro. Esto puede ser causado por la ruptura de un vaso sanguíneo o por la formación de un coágulo. Con frecuencia enfrentan barreras que limitan su acceso a una atención médica adecuada, como infraestructura inaccesible, costos elevados y actitudes negativas por parte del personal sanitario.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advierte que “muchos servicios de salud siguen siendo inaccesibles, ya sea por barreras físicas, financieras o de comunicación”, siendo que “entre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad figuran los espacios de salud inaccesibles, las barreras de comunicación, la falta de formación de los profesionales y las barreras financieras”.

De todos modos, a nivel normativo se han logrado progresos significativos en la búsqueda de reducir inequidades. En ese sentido, de acuerdo con la OPS, “todos los países y territorios de la Región han firmado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, siendo que este número alcanza a 185 países. Sin embargo, la implementación sigue siendo limitada.

Es por eso que la OMS advierte que, aunque los marcos internacionales son fundamentales, “invertir en la cobertura sanitaria universal de las personas con discapacidad supondrá un beneficio no solo en el plano individual, sino también en el comunitario”.

La búsqueda de equidad sanitaria para las personas con discapacidad ha generado avances significativos en los últimos años, especialmente en el reconocimiento de sus derechos. A nivel global, la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad logró establecer un marco normativo claro que “exige a los Estados Partes que garanticen que las personas con discapacidad tengan acceso a la misma atención de salud gratuita o a precios asequibles y de la misma variedad y calidad que las demás personas”. Según la OMS, “los marcos internacionales proporcionan una guía indispensable, pero deben traducirse en acciones concretas para marcar una diferencia real en la vida de las personas”.

En América Latina, el desarrollo de estrategias como la rehabilitación basada en la comunidad ha permitido avanzar en la atención integral de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y participación en la sociedad. La OPS destaca que este enfoque es fundamental para aplicar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y empoderar a las comunidades. Además, el fortalecimiento de programas de tecnologías de apoyo ha reducido barreras en el acceso a servicios esenciales, como la comunicación o la movilidad, elementos clave para garantizar su inclusión plena en actividades comunitarias y relacionadas con la salud.