SE ESPERA HOY UNA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE LA CAUSA EN EL PROCESO PENAL EN EL CASO DEL DR. LUTZOW

Luego de nueve audiencias para desahogar el juicio oral que se sigue al extitular de la Secretaría de Salud, Miguel Ángel Lutzow Stainer y una vez presentados los alegatos de clausura, el juez penal deberá resolver hoy sobre su presunta responsabilidad en la acusación de fraude.

En una serie de audiencias que se desarrolló de manera accidentada, en las que incluso los representantes legales del gobierno se desistieron de diversos testigos, el Ministerio Público hizo el esfuerzo por agregar de manera ilegal documentación cuya originalidad incluso no supo demostrar, y a destiempo, aún y cuando en los alegatos de apertura debían presentarse los acuerdos probatorios.

"Si en verdad existe la justicia en San Luis Potosí, hoy en la sentencia de término de su proceso penal, el ex secretario de Salud debería quedar en libertad porque la Fiscalía General de Justicia no tiene pruebas, ni argumentos sólidos y tampoco ha podido demostrar ante el juez de la causa los delitos que le imputan a ese chivo expiatorio", comentó hoy en su columna Ajedrez Político el analista Edgardo Pérez Alvelais.

Según lo discutido por la defensa del exfuncionario, la investigación estaba tan mal hecha, que ni siquiera fue armada la ruta y la trazabilidad del dinero, que supuestamente desapareció de las arcas públicas.

A lo largo del juicio, una y otra vez fue mencionada la intervención de la extitular de la dependencia Mónica Rangel, pero no fue llamada ni como testigo ni a juicio. 

El Gobierno del Estado trató de imputar la responsabilidad al funcionario, con una reunión de colusión que tampoco fue demostrada, proceso en el que se les cayó la prueba ofrecida de que el funcionario había firmado documentos que no pudieron demostrar. 

La defensa sostiene que se trató de falsificar documentación para imputar al exfuncionario, y sin embargo, no se pudo demostrar, ni tampoco que alguna reunión de abril de 2020 hubiera tenido tal objetivo de compra de plaguicida en 193 tambos de 208 litros, con un valor de 32 millones de pesos, producto que nunca habría llegado a las jurisdicciones sanitarias.