La protección de los derechos político-electorales de las y los potosinos está garantizada por el Estado y se cumplirá la responsabilidad de dotar del presupuesto necesario para atender las tareas que se contemplan en cada etapa del próximo proceso electoral, como la preparación de la elección, la jornada electoral, los resultados y declaración de validez.
Así lo informó el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), J. Guadalupe Torres Sánchez, quien puntualizó que ya se determinó un presupuesto de 382.1 millones de pesos, que incluyen el gasto operativo, para las elecciones 2024 y las prerrogativas de los partidos políticos, sin embargo, si el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) integra y justifica una ampliación del presupuesto, se analizará dicha solicitud.

Por su parte, Paloma Blanco López, presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), aseguró que el juicio electoral que emprendió no es un mensaje de confrontación a los poderes Ejecutivo y Legislativo. "Las autoridades han mostrado buen ánimo para negociar el presupuesto electoral de 2024", reconoció.

El secretario General de Gobierno dijo que el propósito del Estado es que el Ceepac tenga la seguridad que habrá garantías de suficiencia presupuestal, como lo instruyó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para que pueda ejercer su función electoral conforme a los estándares de calidad que la ciudadanía conoce, merece y exige.
Torres Sánchez añadió que el Estado actuará con responsabilidad y se analizará cualquier solicitud de ampliación presupuestal; agregó que existe una política de puertas abiertas para el organismo electoral y para cualquier otra institución que busque aclarar alguna duda o dar seguimiento a sus tareas específicas, “haciendo énfasis en que en todo momento los recursos presupuestados para el Ceepac siempre serán garantizados”, subrayó.

En tanto, la consejera presidenta del Ceepac reconoció que no hay un cierre de diálogo con el Gobierno y el Congreso del Estado. "Hemos analizado todas las rutas posibles, como las vías jurisdiccionales y el diálogo, sin que una excluya a la otra. El juicio intercedido tiene el objetivo de argumentar la necesidad de una ampliación presupuestal, como fue solicitada al Ejecutivo", señaló.

“Nuestra obligación es llevar al cabo todos los mecanismos, todos los medios posibles para garantizar que tengamos los recursos suficientes. No es un mensaje de confrontación, no es un mensaje de rompimiento, es algo que era nuestra obligación hacer. Esto no excluye otras formas y otras medidas para seguir buscando este recurso”, explicó.