Desde hace año y medio, directivos de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, han ejercido un presunto acoso laboral contra trabajadores de la institución educativa, quienes sólo han obtenido ayuda de parte de la Defensoría de Derechos Universitarios de la Máxima Casa de Estudios y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado. Una de las afectadas informó que aún y cuando se han emitido recomendaciones los presuntos agresores no han sido sancionados. "Autoridades universitarias y el mismo rector Alejandro Javier Zermeño han hecho caso omiso", denunció.

La afectada, que pidió guardar el anonimato por temor a represalias, dijo a Ajedrez Político SLP que a pesar de que le envió una carta al Dr. Zermeño Guerra y afirmó que éste ha sido omiso y no le ha dado ninguna respuesta. En la misiva la afectada le expuso así su queja al rector:

"La que suscribe, víctima de ACOSO LABORAL por parte del Director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, me permito exponer lo siguiente:

Derivado de la determinación emitida el día de hoy por el H. Consejo Directivo Universitario, para sustituir a un integrante de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria y que ésta recaerá sobre el Abogado General o en su defecto del Secretario General de esta universidad, para efectos de la dictaminación del expediente, ya fueron asignados en su caso quienes sustituirán a la Mtra. Gabriela Palestino es que apegado al Artículo 29, de los Lineamientos para el funcionamiento de la Comisión Institucional de Justicia Universitaria, ésta deberá de remitir el proyecto del dictamen correspondiente a nuestro expediente y suponemos que por el tiempo que ha transcurrido desde el cierre de instrucción ya debe de estar emitido, ya que a la fecha han transcurrido más de 10 días hábiles, término que tiene la presidenta de la comisión y sus integrantes para realizar el proyecto del dictamen como lo refiere el artículo 28 de los citados lineamientos.

Y que al haberles concluido el término para realizarlo y una vez que han sido designados los integrantes que en su caso sustituirán la excusa promovida por la Dra. Palestino, es que esta Comisión debe atender al procedimiento de dictaminación que estableció en su propia norma y que determina en su artículo 29, que una vez emitido el proyecto del dictamen, la Presidencia lo turnará de inmediato al resto de la Comisión y convocará a una sesión que se celebrará dentro de los dos días siguientes, en la que se discutirá y se tomará la dictaminación sobre el caso.

Esta sesión será válida con la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de la Comisión.

Por lo que derivado de lo anterior es que solicito a estas autoridades universitarias, así como en caso de requerir una Sesión Extraordinaria al H. Consejo Directivo Universitario, para que se pronuncie respecto al dictamen que debe emitir derivado de la queja que hemos iniciado contra el Director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y que a la fecha ha transcurrido más de un año y medio sin que se concluya el mismo, y del cual solicito su amable intervención para que la Comisión Institucional de Justicia Universitaria, realice el proceso de dictaminación conforme a los lineamientos establecidos para ello, lo anterior con el objeto de no seguir afectando nuestra integridad dentro de los espacios laborales de esta institución.

Y así evitar que ante la demora de la respuesta de esta comisión al no emitir el dictamen de nuestro expediente, dentro de los términos señalados para ello, acudamos a una autoridad federal para solicitar su amparo y protección ante todas las inconsistencias que se han realizado en nuestro proceso y que incluso han sido de conocimiento de la Mtra. Anel Puente, mediante una queja y hasta la fecha seguimos esperando respuesta de este Órgano Interno de Control, somos ignorados por la comisión que ni por correo, por escrito, por ningún medio se nos informa, violando con ello el artículo 8 constitucional, con el único objeto de retrasar la posible sanción del Director de nuestra Facultad.

Sin otro tema que tratar, tenga usted todo mi respeto y quedo atenta a la respuesta", finalizó.

Las víctimas como ella piden justicia y que se haga todo conforme a la ley, incluso han solicitado la intervención de autoridades externas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y al Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (IMES) que -afirmó- no les hicieron caso.

Desde el mes de mayo de 2023, la Defensoría de Derechos Humanos sacó una resolución a favor de cuatro mujeres y un hombre que fueron presuntamente agredidos por el directivo de esta entidad académica y hasta ahora la Comisión de Justicia Universitaria, ni el Consejo Directivo Universitario, (CDU), han atendido su queja. “Se dieron cinco opciones de sanción y desde ese entonces nos traen a vuelta y vuelta, y aunque se reúnen cada mes, no emiten ninguna sanción”, denunció.

Explicó que en seguimiento del caso ha sufrido omisiones y equivocaciones que ellos oportunamente han denunciado ante la secretario general de la Universidad, Arturo Federico Garza Herrera, ante la Comisión Institucional de Justicia Universitaria, e incluso ante la titular del Órgano Interno de Control de la institución, Anel Puente Loredo, "porque si bien la Defensoría ya hizo su trabajo y emitió un dictamen a favor de las víctimas, en base a pruebas, videos, correos, no prestan atención", señaló.

Agregó que los afectados no quieren pensar que esta lentitud sea a propósito para no perjudicar al presunto agresor. La afectada teme que este caso quede en la impunidad porque el director de la FCSyH termina su periodo en el mes de junio del presente año. Manifestó que es tal el daño psicológico que ha sufrido por parte del directivo, ella está bajo tratamiento psiquiátrico y compartió el diagnóstico que describe los trastornos de ansiedad generalizada que ella padece:

El presunto acoso que vivieron por parte del director tiene que ver con cambio de oficinas, de adscripciones, les afectó su salario, no les prestan material de trabajo, hubo maltrato, gritos, no les dio recategorizaciones; de todo esto dicen tener las pruebas suficientes. La afectada dijo que a los malos modos contra los empleados universitarios se sumaron el secretario general de la institución, el administrador y la encargada de control escolar.

Con esta situación, han observado que le están obstruyendo su trabajo a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez.

Finalmente, la afectada dijo que temen que la Comisión de Justicia no haga nada, porque el director de la Facultad de Derecho es el titular de ésta -afirmó que es muy amigo del titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades-, y creen que haya alguna situación irregular que beneficie al presunto agresor.

La afectada finalizó su queja diciendo que los miembros del Consejo Directivo desconocen el caso y piden que sus integrantes lean bien el expediente para que les haga justicia, ya que tienen año y medio exigiendo una sanción contra su supuesto maltratador y cómplices.