El gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusó ayer que hay antros que operan bajo la protección del Ayuntamiento capitalino donde "hay sobornos de por medio para funcionar fuera de la ley, por todo ello se ejercitará la acción penal", reveló.
El mandatario potosino nuevamente exhorto a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se agilicen las investigaciones de los hechos ocurridos en el antro Rich, para que se entreguen culpables, ya sean funcionaros o ex funcionarios municipales de la Capital e incluso a los gerentes o propietarios que resulten responsables, “esta tragedia no puede quedar impune y sobre todo, cuando 2 jóvenes perdieron la vida, la noche del pasado viernes 7 de junio en un establecimiento que operaba de manera irregular”, subrayó.

Gallardo Cardona señaló que “hay muchos lugares que siguen operando con total obscuridad, sin permisos y seguramente existen funcionarios municipales que reciben mochadas, tenemos una lista de varios lugares que se mochaban con una lana, sobre todo con dependencias como Comercio, por eso, la Fiscalía General de Justicia, ya tiene una averiguación para conocer qué lugares entregaban dinero para poder operar”, sentenció.

El gobernador Gallardo  advirtió: “No importa que sean funcionarios o particulares, los culpables de esta desgracia deben recibir las sanciones correspondientes de parte de la Fiscalía, ya que no puede quedar impune este tipo de acontecimientos. Al Ayuntamiento de la Capital, les pido que los funcionarios encargados de verificar estos establecimientos se pongan a trabajar, porque seguramente existe un sinnúmero de antros que operan bajo estas condiciones", indicó y confirmó que su gobierno está brindado el apoyo que se requiera a las y los jóvenes que resultaron lesionados e incluso, dio a conocer que se pidió el traslado de la clínica del IMSS de uno de los jóvenes a clínica privada a fin de recibir la atención médica.

En un operativo conjunto la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Dirección de Gobernación clausuraron otros tres establecimientos que trabajaban como centros nocturnos, por carecer de permisos de la autoridad estatal, mismos que también son propiedad del empresario del establecimiento “Rich”, donde el viernes pasado lamentablemente dos jóvenes perdieron la vida y ocho más resultaron lesionados.

Los establecimientos clausurados son: el restaurante bar “Azul Fuego” ubicado en la calle de Pedro Moreno; “Central Bar”, en la Av. "Venustiano Carranza", y el bar “RUA Club” en la Av. Sierra Leona, dentro de la misma Plaza Alttus, en la que hasta ahora ningún responsable se ha presentado a tratar de solucionar su situación jurídica.

El director la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que se fortalecerán los operativos de revisión de los antros y restaurantes bar, con el fin de que cumplan todas las medidas de seguridad establecidas en la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil y recordó que, no porque los negocios cuenten con algún permiso municipal, están exentos ante la autoridad estatal.

Por su parte, la titular de la Fiscal General del Estado (FGE), Manuela García Cazares, reconoció que hay elementos para presumir una serie de omisiones en la operación del antro Rich, en la que no escapan las anomalías y omisiones de la autoridad municipal.

Expuso que una vez que se analice la carpeta de investigación se podría ejercitar la acción penal contra él o los responsables, en donde sostuvo que ambas muertes se presume como dos homicidios, mientras que el caso de los jóvenes lesionados se encuentra bajo la investigación en una sola carpeta.

“Es evidente la serie de anomalías y omisiones, permitidas en ese bar, por autoridades municipales de Protección Civil y de Comercio, en donde le hemos pedido al Ayuntamiento documentación sobre bitácoras y permisos concedidos, mismas que han evitado entregar”, citó la Fiscal.

“La noche del día viernes, en cuanto Fiscalía tuvo conocimiento del hecho, se iniciaron las primeras indagaciones, se aperturó una carpeta de investigación, se inició el levantamiento de los cadáveres; se entregaron las víctimas el sábado muy temprano”, describió.

Agregó que el Ministerio Público a cargo de la investigación ya requirió documentación e información sobre los permisos a la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y al Ayuntamiento capitalino.

Dijo que el Ministerio Público se constituyó en el Hospital Lomas, donde se encuentran varias de las personas lesionadas para tomar sus declaraciones, y posteriormente recabó más testimonios, cuyos datos se integraron en una sola carpeta de investigación.