El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra y Urenda Queletzú Navarro Sánchez, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, falsificaron actas y fabricaron falsos testimonios, junto con otros nueve funcionarios universitarios para afectar a una víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral, informó el periódico El Heraldo de SLP.

Esto, de acuerdo al fallo del juez del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado, René Alejandro Barrientos Acosta dentro del proceso 71/2022, el cual confirmó el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito a favor de la víctima, Emma Elisa Menchaca de la Rosa.
El juez Barrientos Acosta consideró que, los testimonios reunidos de los funcionarios universitarios carecen de eficacia probatoria, además de que los 12 documentos presentados para acreditar sus dichos no son verídicos y se presume de falsedad.
Puntualizó que, no hay documento o constancia alguna que corrobore que la trabajadora aceptó cambiar de adscripción, sino por el contrario, se opuso al cambio manifestando que se estaban violentando sus derechos humanos, toda vez que no se le había comunicado las condiciones laborales bajo las cuales estaría sujeta, además que en dicho lugar fue víctima de violencia sexual y hostigamiento laboral.
El tribunal advirtió que el procedimiento de rescisión que se le pretendió realizar a la trabajadora cuenta con diversas ilegalidades, pues duda de la veracidad de las 12 actas administrativas que fueron levantadas en cada uno de los días en que la trabajadora no se presentó a laboral, las cuales están firmadas por Germán Federico Pedroza Gaitán, director de la Facultad de Derecho; J. Guadalupe Salazar García, secretario general; Irma Sanvicente Martínez y María José Chávez como testigos.
El juez señala negligencia, debido a que no se solicitó la intervención del sindicato y en el análisis de las actas administrativas con las listas de asistencias presentadas, se desprende que las personas de nombre Irma Sanvicente Martínez y María José Chávez, quiénes fungieron como testigos en las fechas señaladas, en ese entonces no habían ingresado al centro laboral, “en conclusión tales circunstancias hacen presumir la falsedad de las actas presentadas”.