DENUNCIAN ABUSOS Y GRAVES PROBLEMAS DE INSEGURIDAD Y BULLYING COMO TOCAMIENTOS, AGRESIONES Y HASTA AHORCAMIENTO DE ALUMNOS Y ALUMNAS EN EL INSTITUTO POTOSINO MARISTA PRIMARIA DE LA CIUDAD DE SLP

Padres y madres de los alumnos del Instituto Potosino Marista Primaria de San Luis Potosí hicieron circular una carta pública donde exigen que cese el acoso escolar en dicha institución educativa y denuncian omisiones registradas en ese plantel con domicilio en la calle "Benigno Arriaga", número 608, en la colonia Moderna de la ciudad de San Luis Potosí. 

Adicionalmente al escrito, un padre de familia que se acercó a Ajedrez Político SLP y también denunció que hay otras anomalías: "Es largo....hay discriminación, preferentismos, apoyos en becas por cuestiones personales de los administrativos con los papás de alumnos, despotismo, cobros excesivos y dobles de colegiaturas, etc., por lo que habrá un escrito adicional", anunció. 

En la carta se puede leer:

"Hoy la escuela disminuye la gravedad de los asuntos como tocamientos, agresiones y hasta agresiones y en todos están las mismas respuestas de culpar a las víctimas, avergonzar a sus padres y a los que tratan de ayudar, protegiendo a los agresores y abusando de su autoridad sin dar soluciones".

"Hoy la escuela enseña valores pero no se rigen por ellos, ya que siempre es menos costoso perder la colegiatura de uno (víctima) que de muchos (acosadores)", señalan.

    “Hoy nosotros, padres de familia, clientes de ru escuela, te depositamos a nuestros hijos con la confianza de una escuela que no es pública y te exigimos que hagas cumplir la ley que te obliga y los valores que educas y la oferta que publicas, y nos dés una escuela segura", destacan en la misiva y rematan: "Hacemos un llamado a las autoridades centrales Maristas para quienes coordinen y dirigen el Instituto dejen de actuar en sus propios intereses y actúen en favor de las víctimas en vez de victimizarlos".

    La carta incluye copias para la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).