Los tres candidatos presidenciales firmaron el Compromiso por la Paz convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y otras instituciones de fe en México.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia -conformada por los partidos Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM)- reconoció las intenciones que el documento presentado por la CEM plantea; sin embargo, también precisó algunas diferencias que tiene con el Compromiso, las cuales hizo saber a través de una anotación a su firma y la lectura del texto “Sigamos dialogando: Coincidencias y diferencias con el documento “COMPROMISO POR LA PAZ: Estrategias de Política Pública para la Paz”.

“Es loable que busquemos puntos de acercamiento y diálogo que nos permitan construir acuerdos y espacios de participación de los diversos actores de la sociedad. En ese sentido, estoy consciente de la necesidad de conjuntar esfuerzos para encontrar alternativas de paz y no de violencia en la sociedad, por supuesto, en estricto ejercicio de la soberanía nacional y con respecto al marco constitucional y legal del país”, reconoció.

Entre algunos de los puntos de discordancia, la candidata morenista señaló la “evaluación pesimista del momento actual” que el Tema 1 del documento de la CEM expone. Tampoco se mostró de acuerdo con las descripciones de la criminalidad e inseguridad que atraviesa el país, incluyendo la desconfianza que el texto supone a los datos que presenta el Sistema Nacional de Seguridad.

“Manifiesto también mi desacuerdo con las referencias a una supuesta militarización o militarismo en el país y con los puntos en los que se minimiza o relativiza la función constitucional del Estado en sus tres poderes y sus tres niveles de Gobierno”, señaló Sheinbaum, quien también apuntó su inconformidad con la visión que se presenta en torno a la Guardia Nacional (GN) o algunos otros órganos autónomos.

Además, acusó una falta de claridad con la descripción que el pacto señala con respecto al tema de “Gobernanza” cuando establece que México se encuentra en un debate entre “un modelo de gobernanza autoritaria y criminal y un modelo de gobernanza democrática que hasta la fecha ha sido incompleto y precario”.

“Finalmente, tampoco estoy de acuerdo con la idea de otorgar por principio mayores presupuestos a los organismos judiciales, en los cuales existe un manifiesto derroche de recursos que distorsiona y pervierte la impartición de justicia”, agregó.

Es con esta tónica que, asimismo, añadió los cinco ejes que su propuesta presidencial tiene para construir “un México con paz y justicia”: Honestidad y atención a las causas, consolidación de la GN, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, coordinación y reformar el Poder Judicial.

El Compromiso por la Paz es una propuesta de agenda de seguridad en México elaborada por 50 expertos y expertas, con el que responden a la situación de violencia e inseguridad que impacta nuestro país.

"Es un anhelo compartido de un futuro más habitable e incluyente y sin miedo, necesario para el desarrollo de nuestra patria. Este compromiso es una semilla que lejos de polarizar, busca la unidad", dijo en la firma del Compromiso por la Paz, Juana Ángeles Zárate Celedón, presidenta de la Conferencia de superiores mayores de religiosos y religiosas de México.

El diálogo nacional comprende los siguientessiete puntosque consideró el episcopado mexicano para atender la grave crisis de inseguridad que hay en nuestro país:

• Desarrollar políticas de cuidados como: condición para la paz, con enfoque de derechos humanos y género, dirigidas a construir y fortalecer tejidos sociales. Crear entornos seguros y restituir el valor de la vida dando atención prioritaria a niñez, adolescencia y juventudes.
• Fortalecer las policías municipales, conectarlas con el sistema de justicia y otras fuerzas públicas para que coadyuven en las investigaciones y en el cuidado del territorio y así sea posible la retirada paulatina de los militares de las funciones de seguridad pública.
• Renovar el sistema de procuración e impartición de justicia en el nivel federal y estatal de tal manera de que tenga capacidad para investigar y autonomía para resolver los casos.
• Emprender una reforma a fondo del sistema penitenciario para que el estado retome el control de las prisiones, impida los actos de corrupción y extorsión y actúe en el marco de la ley patria proteger los derechos de las personas privadas de su libertad, de sus familias y del personal penitenciario.
• Promover una estrategia con presupuesto asignado que fortalezca la seguridad y el bienestar de las adolescencias en riesgos asociados con adicciones, crimen organizado y economía ilícitas, incluyendo, su participación activa, así como la de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno.
• Impulsar una gobernanza democrática que proteja los gobiernos municipales de las economías criminales, tengan las condiciones, para desarrollar programas a favor de la seguridad, la justicia y la paz, con amplia participación de la sociedad civil.
• Atender la crisis de derechos humanos del país en cuatro temas prioritarios: desaparecidos; violencia contra las mujeres y contras personas en movilidad y autonomía de los pueblos indígenas.