El titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, se reunió ayer con el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, con quien acordó la entrega del recurso que de forma anual se les otorga como un adelanto de las participaciones federales, y que la institución pueda cubrir los pagos pendientes de inicio de año.
El funcionario informó que la Secretaría de Finanzas (Sefin), otorgó un préstamo financiero por 150 millones de pesos en muestra de la solidaridad del Gobierno del Estado con la UASLP, a fin de que se enfrenten compromisos presupuestales inmediatos.
Torres Sánchez detalló que se trata de una medida que se realiza cada año porque las prerrogativas llegan hasta finales de febrero o inicios de marzo. “Se trata de un adelanto y posteriormente, se hará devolución para que la institución no se quede sin recursos”, añadió.
Torres Sánchez afirmó que, para la tranquilidad de la comunidad universitaria, el Gobierno del Estado acompaña a la UASLP en cuanto a la disponibilidad de un techo presupuestal que le permita enfrentar los gastos de operatividad, para que no haya afectaciones por la falta de recursos para cumplir sus compromisos financieros o iniciar procesos, como el de preinscripción al nuevo ciclo escolar que dará arranque el próximo 22 de enero.

Por otro lado, el rector Alejandro Zermeño Guerra culpó al juez René Alejandro Barrientos Acosta quien "también se puede equivocar" en la resolución del expediente 71/2022 que le fue adversa a la Máxima Casa de Estudios, en donde hay señalamientos de falsificación de documentos.

Visiblemente molesto, el rector Alejandro Zermeño pasó de acusado a acusador señalando que las autoridades judiciales se habían equivocado en dos instancias, esto debido a la resolución del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado (TLPJE) y la confirmación del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Noveno Circuito, para que se reinstale a un víctima de violencia sexual y laboral, Emma Menchaca de la Rosa.

“El juez también se puede equivocar, no he falsificado nada y no he autorizado que se falsifique nada, esto sería una cuestión que habría que preguntarle al juez si tiene todos los elementos porque sí es eso, es un delito, una falsificación de documentos es una situación muy grave”, indicó.