Bajo el título "Antros clausurados eran ¡antojerías! Alcaldía otorgó a negocios de dueños del Rich permisos más laxos para evadir restricciones", en su edición de hoy jueves 13 de junio, el periódico Pulso a 8 columnas informa: 

"Cuatro de los cinco establecimientos ligados con los responsables del bar Rich estaban registrados ante el ayuntamiento con giros comerciales vinculados al servicio de alimentos, lo que les permitía evadir controles más estrictos establecidos en la Ley de Alcoholes del Estado.

La alcaldía les otorgó licencias de venta de bebidas alcohólicas como antojerías, restaurante bar y una como disco.

Ulises Oswaldo González Salazar y Nancy Aurora Navarro Gil han sido vinculados a la operación del antro Rich, en el que el pasado viernes se registró un accidente mortal debido a la aglomeración de una multitud que buscaba ingresar a un concierto.

Este bar y otros 4 negocios fueron clausurados tras el incidente".

Ajedrez Político SLP también tuvo acceso a la "Licencia de Funcionamiento para la Venta de Bebidas Alcohólicas" con el rubro "Antojerías con venta y consumo inmediato de cerveza en el local solo con alimentos".

El documento tiene fecha de 2 de febrero de 2022 y está firmado por la entonces directora de Comercio, Lic. Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez, y por el Jefe del Departamento de Actividades Comerciales, Espectáculos y Anuncios, Lic. Guillermo López Niño.

Betty Benavente actualmente es coordinadora general de Asesores del Ayuntamiento. El 15 de marzo de 2022 dejó la Dirección de Comercio del municipio capitalino. En su lugar, el alcalde Enrique Galindo Ceballos nombró a Jorge Medina García quien anteriormente se desempeñó como delegado de Villa de Pozos.

El pasado martes 11, la Dirección Estatal de Protección Civil, clausuró el antro por incumplimiento de diversas medidas de seguridad y de condiciones de la ley. 

El establecimiento se ubica en la Calle Madero No. 480, entre las calles de Independencia y Bolívar, negocio que si bien no tiene nombre visible en la fachada, fue identificado por el personal de investigación como Secret's Social Club. 

Los propios trabajadores de la dependencia estatal publicaron en la puerta el oficio de inspección, en el que exigían la autorización, opinión técnica favorable, visto bueno, dictámenes de factibilidad y estudios de riesgo emitidos por la Coordinación Estatal de Protección Civil y los permisos correspondientes para su funcionamiento con independencia de la autoridad de la que se trate. 

También exigieron la verificación de las condiciones de seguridad de las instalaciones y equipos del establecimiento sujeto e inspección, para determinar los riesgos que existen. 

El dictamen precisa que en caso de encontrar un riesgo grave, serán aplicadas las medidas de seguridad de inmediata ejecución que sean procedentes, con independencia de la elaboración del acta circunstanciada. 

Al encontrar incumplimiento, la dependencia estatal colocó los sellos de clausura en los que advierte de la responsabilidad penal en la que incurre quien quebrante los sellos, ya sea por alteración, destrucción o retiro de los colocados. El delito se sanciona con pena de 1 a 3 años de prisión y sanción pecuniaria de 100 a 300 días de salario mínimo.

Pulso agrega:

"Según la licencia de funcionamiento para la venta de bebidas alcohólicas emitido por la Dirección de Comercio de la alcaldía capitalina, la del Rich, tramitada por Navarro Gil como restaurante bar ante la alcaldía.

La mujer también fue la responsable de la licencia del Azul Fuego, con sede sobre Pedro Moreno y que fue recientemente clausurado. Su licencia fue emitida para una antojería con venta de bebidas alcohólicas.

Con ese mismo giro aparecen los antros registrados por González Salazar. Se trata del Central Bar de Carranza 540 y el Secret’s Social Club, de Madero, 480.

El Club Rua, ubicado en el mismo inmueble en el que está el Rich funciona como discoteca. No está a nombre de las dos personas mencionadas, sino aparece como representante legal Hermenegildo Gutiérrez Allende.

El rubro es importante porque, de acuerdo a la Ley de Bebidas Alcohólicas del Estado, de la clasificación depende el tipo de licencia y horario de venta.

La norma define a las antojerías como 'establecimientos comerciales que ofrecen al público alimentos procesados para consumo inmediato dentro de sus instalaciones o para llevar, y solamente cuentan con áreas de cocina y comedor'.

El horario permitido para la venta de alcohol para este tipo de establecimientos es de las 11 de la noche a la una de la mañana del día siguiente.

En el caso del Rich, clasificado como restaurante bar, su actividad preponderante debía ser la venta de alimentos y, en “forma accesoria” vender bebidas alcohólicas. Su horario de venta sería de las 11 de la noche a las 2 de la madrugada del día siguiente.

Por la forma en que funcionaban, estos negocios deberían ser considerados centros nocturnos, pero eso los obligaba a cumplir más requisitos como tener un paramédico de planta, contar con alcoholímetros realizar campañas contra el exceso de alcohol, entre otros requisitos".

En su columna Bitácora de San Luis hoy, el periodista Armando Acosta pregunta: "¿Por qué no da la cara el empresentable Jorge García Medina, director de licencia de Comercio municipal y quien otorgó la mayoría de los permisos como antojería a establecimientos que operaban como antros o restaurante-bar como Rich, los protegía y los solapaba?".

En su columna editorial De Todos, el periódico Pulso cuestiona hoy todas estas anomalías:

"La alcaldía capitalina está metida en un enorme brete con la tormenta que desató la tragedia del bar Rich, pues ha desnudado un sospechoso manejo en los permisos de venta de alcohol y una total abdicación de su obligación de garantizar la seguridad de los clientes de esos establecimientos.

Que en antros como el Secret’s Social Club, el Central Bar o el Azul Fuego recibieran su licencia de venta de alcohol siendo catalogados como negocios de antojitos es un escándalo, pues prueba que la alcaldía, a través de la Dirección de Comercio, facilitaba el incumplimiento de los propietarios de los negocios de normas más estrictas reservadas a negocios catalogados como centros nocturnos, giro en el que era más que obvio que operaban.

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Se supone que las inspecciones posteriores a la emisión de las licencias debían comprobar eso, pero ahí está también la demostración pública de cómo operaban estos negocios, vía videos de Instagram, Tik Tok y otras redes sociales era evidente que ni una botana servías, sólo tragos.

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El considerarlos negocios en los que también se servían alimentos también les permitía la entrada de menores de edad, pero sobre todo, evadir los controles que obliga la Ley de Alcoholes del Estado, como vigilancia médica, seguridad, alcoholímetros y facilitar el acceso a taxis para llevar a los clientes que por su intoxicación, representaban un riesgo.

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Si no es complicidad, lo que hizo el ayuntamiento es una negligencia terrible. E impune hasta ahora".