Habitantes y comerciantes de la Av. Ricardo B. Anaya se acercaron a Ajedrez Político SLP y pidieron la intervención del alcalde Enrique Galindo Ceballos para que revise cuál es la política que sigue el Ayuntamiento de la Capital sobre el uso de suelo y el otorgamiento de licencias para la operación de antenas de telefonía celular con tecnología 5G de compañías como Telcel que abundan en la ciudad de San Luis Potosí.

Señalan que no saben a ciencia cierta cuáles son las reglas del municipio e San Luis Potosí en la materia, ya que empresas como Telcel subcontratan la renta de espacios a través de operadoras como Radiomóvil DIPSA y Operadora de Telesites Mexicanos, las cuales muchas veces no presentan la renovación de sus contratos de arrendamiento, y ponen en aprietos a los arrendadores por adeudos y posible evasión de impuestos municipales.

Telcel es una de las compañías más fuertes del poderoso empresario Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, que ha sido exitoso en la colocación de múltiples antenas con tecnología 5G, la cual permite navegar 10 veces más rápido que con la fibra óptica actual gracias al incremento de la frecuencia alrededor de 3,5 GHz e incluso llegando hasta algunas decenas de GHz.

Refirieron el caso específico de una antena de 5G ubicada en el numero 1503 de la Av. Ricardo B. Anaya, esquina con la calle de Italia, Fraccionamiento Providencia, ya que desde el 15 de agosto del 2021, Radiomóvil DIPSA, no ha pagado la renta del espacio que ocupa la antena de Telcel y sólo ha dado largas para ponerse al corriente con el adeudo de 41 meses y tampoco ha renovado contrato  para el presente año 2025.

Los afectados que reservan sus nombres para no afectar los procesos legales que tienen en curso, ofrecieron más adelante contar con detalles el viacrucis que han sufrido por parte de esa subsidiaria de Telcel, pero en este momento sí le piden al alcalde Enrique Galindo Ceballos y a las autoridades de Comercio y Desarrollo Urbano que revisen esta situación y definan las políticas que siguen en la materia, ya que ese tipo de empresas que operan antenas de Telcel, con argucias no pagan sus rentas y no presentan los nuevos contratos correspondientes que debe ser uno de los requisitos para que el municipio de la Capital autorice el cambio de uso de suelo y expida las licencias correspondientes.

Este es un asunto que debe ser revisado por los síndicos y regidores del Cabildo de la Capital y regular en la materia, ya que no se deben permitir anomalías y el no cobro de impuestos correspondientes para las arcas municipales. Los mismos arrendadores de estos espacios son afectados por doble vía, ya que muchos de sus arrendatarios como el caso de Radiomóvil DIPSA no pagan a tiempo sus rentas ni renuevan los contratos y, a la vez, los inspectores municipales les dejan citatorios como los que aquí publicamos cuando igualmente los propietarios de los espacios donde se colocan esas estructuras de telefonía celular son también parte afectada.

Los arrendadores de espacios para antenas de 5G de Telcel y otras compañías de telefonía celular están prácticamente en la indefensión jurídica por ese vacío legal, tolerancia o presunta corrupción por parte de la autoridad municipal que no aclara las reglas del juego, no exige la presentación de los nuevos contratos para proceder al cambio de uso de suelo y la expedición de licencias. Los afectados sufren un acoso constante de parte de inspectores municipales que les dejan citatorios y los presionan a ellos para regularizar los pagos de impuestos a las arcas del Ayuntamiento, cuando ellos dependen de que el municipio les exija a los arrendatarios la presentación de los nuevos contratos y definir los pagos correspondientes. Por razones que se desconocen, los afectados no saben por qué el municipio de la Capital no procede a la clausura de esas antenas con situación irregular y se hace de la vista gorda haciendo caer a los quejosos en sospechas de presuntos actos de corrupción o arreglos bajo la mesa por parte de las autoridades para que empresas como Radiomóvil DIPSA de Telcel sigan operando con toda impunidad sin pagar renta y sin los permisos actualizados.