En un hecho inédito en México, a las 0:00 horas de hoy miércoles 21 de agosto de 2024, jueces y magistrados federales se sumaron al paro nacional en protesta contra la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este movimiento surge como respuesta directa a lo que los trabajadores del sistema judicial consideran un atentado contra sus derechos laborales.

Hoy en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que los trabajadores no saldrán afectados, que el problema es la corrupción de arriba. “Yo respeto su derecho a manifestarse, porque la libertad es lo más sublime, es algo a lo que tienen derecho, y además la libertad no se implora, se conquista, lo segundo es que nosotros no reprimimos, no somos represores, porque no somos conservadores. Ya les dije que distingan al conservadurismo: uno, son muy hipócritas, dos, son muy corruptos, les gusta mucho el dinero y tres, son muy autoritarios, todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza”, expllicó.

Juana Fuentes Velázquez, hablando en nombre de sus colegas, hizo un posicionamiento y subrayó la gravedad de la situación. En su discurso, advirtió sobre el riesgo de una “crisis constitucional” y enfatizó que la suspensión de labores es un acto legítimo contra la reforma.

“Nos encaminamos hacia una crisis constitucional que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en el tejido social. Por eso mismo, hemos decidido la suspensión de labores desde el 21 de agosto como acto legítimo contra la reforma”, afirmó. 

Este histórico paro se lleva a cabo en rechazo a la reforma que, según los trabajadores del Poder Judicial, pone en riesgo sus derechos laborales y afecta la independencia del sistema judicial.

La protesta, organizada de manera pacífica, ha visto a los juzgadores y magistrados tomar un alto en sus labores de justicia frente a la Cámara de Diputados, sumándose a las manifestaciones que tuvieron lugar el pasado lunes 19 de agosto, donde miles de empleados del Poder Judicial ya habían mostrado su descontento.

La jueza Juana Méndez destacó que esta acción no se toma a la ligera y que es imperativo defender la democracia y la justicia para las futuras generaciones e hizo hincapié en que la independencia judicial no debe ser vista como un privilegio, sino como una garantía esencial para la protección de los derechos humanos. Según ella, la reforma amenaza con minar la confianza del público en el sistema judicial y socavar la imparcialidad en la impartición de justicia.

“Esta acción no es tomada a la ligera, es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se desmantelan los principios que juramos proteger”, advirtió e hizo un llamado a unirse en defensa de la democracia, la división de poderes y la independencia judicial.