POR MEDIDAS DE CONTROL Y TRANSPARENCIA, LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN RECONOCE A SLP

De acuerdo con los resultados de la tercera entrega de los informes individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2022, respecto a la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Gobierno del Estado de San Luis Potosí destacó por las medidas de control adecuadas en el ejercicio de los recursos de las participaciones federales, al no contar con montos por aclarar, lo que lo posiciona con el más alto nivel de transparencia a nivel nacional.
La ASF a cargo de David Colmenares, entregó ayer a la Cámara de Diputados el tercer y último informe de la Cuenta Pública de 2022 del país en la cual halló irregularidades por un total de 32 mil 894 millones de pesos, entre los cuales se detectaron posibles daños al erario por 785 millones de pesos en las obras del Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso de San Luis Potosí, el resultado fue resultado positivo y se atribuye a las políticas públicas implementadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien ha priorizado la rendición de cuentas y el manejo adecuado de los recursos públicos y más apoyo a las familias potosinas. Mientras que otros estados e instancias de gobierno enfrentan observaciones significativas, el Gobierno del Estado destacó por su diligencia y responsabilidad en el manejo de los recursos federales.

La ASF dio a conocer que el número de auditorías al gasto federalizado de la cuenta pública 2022, ascendió a mil 762, de las que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí sobresale al no contar con montos por aclarar lo que refleja una gestión transparente y eficiente.
Este logro fortalece el compromiso del Gobierno del Estado con la transparencia y la buena administración de los recursos públicos, sentando un ejemplo para el resto del país. San Luis Potosí se consolida como un referente en materia de fiscalización y rendición de cuentas, gracias al trabajo conjunto entre autoridades y sociedad para garantizar una gestión pública responsable y transparente.
