Medios como Reforma, Reporte Índigo, Astrolabio y El Heraldo de SLP continuaron abordando el caso de Gerardo Sánchez Zumaya, el empresario potosino que enfrentaría -de comprobarse su culpabilidad- varios escenarios penales. Expertos de estos procesos han señalado que las posibles penas oscilarían entre los 30 y 40 años de prisión que corresponde a delitos de lavado de dinero, evasión fiscal, delincuencia organizada y fraude. El originario de Tanquián negó los señalamientos y retó a que le comprueben que Petróleos Mexicanos (Pemex) le dio contratos por 15 mil millones de pesos cuando sólo son poco más de 500 millones de pesos.

Conocedores en derecho penal indican que la pena podría agravarse si se suman presuntos cargos por huachicoleo y corrupción, en los que también podrían estar involucrados altos funcionarios de Pemex y una red de empresas factureras creada para desviar recursos.

La trama, revelada en denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco -que Sánchez Zumaya niega haber sido notificado-, y difundida por el diario Reforma, involucra el presunto otorgamiento irregular de contratos millonarios durante la pasada administración de Pemex. Sánchez Zumaya habría utilizado fundaciones aparentemente altruistas, como GESA y SOMOS POTOSÍ, para evadir impuestos, lavar dinero y financiar campañas políticas de candidatos vinculados tanto a Morena como al PAN, en un esquema que le habría asegurado protección y respaldo político.

El caso Sánchez Zumaya llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo: "Hay que decirlo claro, en cualquier lugar donde se demuestre que hay corrupción y lo subrayo, que se demuestre, porque también hay muchas noticias que quieren acusar a alguien, cuando en realidad no hay nada de fondo para poder dañar a la 4T, entonces, tiene que haber pruebas evidentemente”.

Sheinbaum Pardo advirtió que “nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de nadie, nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México y con la historia y con nuestro proyecto; honestidad y honradez, ante todo”.

De si el gobierno federal brindaría protección al empresario, dijo que consultará el caso con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.

Mostrando la portada del diario Reforma, legisladores panistas exigieron una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las presuntas operaciones ilegales que involucran al empresario potosino.
En tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández hizo un llamado directo a las autoridades para actuar contra Sánchez Zumaya y su empresa PETROGESA, utilizada presuntamente para operaciones de lavado de dinero y evasión fiscal.

“Pemex se ha convertido en la caja grande de Morena. Este gobierno ha permitido que empresarios jóvenes, cercanos a sus liderazgos, se enriquezcan ilícitamente a costa de los recursos de todos los mexicanos. Es indignante que hoy se sigan encubriendo estas redes de corrupción”, señaló la legisladora desde el pleno.

El PAN destacó que las actividades de Sánchez Zumaya no solo afectan la economía del país, sino que también comprometen la credibilidad de instituciones clave como Pemex que, según los legisladores, habría sido puesta al servicio de intereses personales y partidistas.