Gaspar Méndez, precursor de la municipalización de Villa de Pozos, denunció que el presunto cierre de cierre de oficinas, cancelación de traslados médicos por parte del Dif municipal y desabasto de suministros de agua por pipas "en un arranque de revanchismo el alcalde Enrique Galindo Ceballos", afirmó y anunció que analizan interponer una demanda de juicio político contra el edil capitalio ante el Congreso del Estado porque tiene la obligación de brindar los servicios públicos hasta el 1 de octubre.

El quejoso señaló que ha recibido distintas denuncias de los ciudadanos a los que las pipas ya no les surten agua, los traslados médicos programados por el DIF municipal ya no se están atendiendo y han dejado de pasar las patrullas municipales, lo cual, representa un desacato al decreto de creación del municipio 59.

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, manifestó su inquietud por la rapidez de la votación sobre la municipalización de Villa de Pozos y las posibles consecuencias para los municipios vecinos. Galindo Ceballos subrayó la necesidad de una mayor comunicación, ya que la decisión también afecta a Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Zaragoza.

El alcalde opinó que se debieron realizar más reuniones en los últimos meses. Aunque hay consenso sobre la municipalización, quedaron muchos detalles por resolver. Galindo Ceballos calificó el tema como delicado debido a la incertidumbre sobre los próximos pasos; además mencionó que los diputados podrían establecer un periodo de transición para la municipalización. 

Después Galindo Ceballos se reunió con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y aparentemente ambos acordaron una transición pacífica y ordenada de la delegación de Villa de Pozos.

“Hay mucha gente que no le llega el agua y les surten por pipas, pero ya les dieron la llamada que ya no surtan, la comandancia siempre ha estado cerrada pero pasaban las patrullas antes y ya no, el DIF está cerrado y está afectando los traslados de enfermos de cáncer, el rescate de Protección Civil también cerró, ellos tenían patrullas”, denunció.
Gaspar Méndez explicó que personal de la administración de Galindo "ha comenzado a saquear las oficinas llevándose en cajas los bienes muebles de los poceños", señaló y dijo que "el decreto es claro deben brindar los servicios hasta el 1 de octubre pero en los hechos Galindo se está portando con resentimiento”.
Por último, el denunciante explicó que en la Ley de Ingresos del municipio de San Luis Potosí para el año 2024 se presentó un presupuesto para brindar servicios a las delegaciones hasta el 1 de octubre, por lo que se tienen los recursos suficientes para terminar el trienio de forma ordinaria, pues es un recurso que ya estaba previamente aprobado para ello.