La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) logró vinculación a proceso y prisión preventiva justificada contra los siete imputados por peculado y ejercicio de las funciones públicas en la Dirección General de Pensiones del Estado.

El Juez de control determinó otorgar dos meses de lapso para que se lleve a cabo la investigación complementaria, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá aportar más datos de prueba contra lo señalados de desviar al menos 200 millones de pesos de la mencionada dependencia de gobierno.

Las detenciones de Arturo “N”, Ricardo “N”, Ana Lilia “N”, Manuel “N”, Juana Patricia “N”, Ana Paola “N” y Neftalí “N”, tuvieron lugar durante la madrugada del lunes 29 de enero de 2024, a través de un operativo realizado por la Policía de Investigación (PDI) en las viviendas de los indiciados.

Estas eran las responsabilidades de los imputados:

• Ricardo “N”, tesorero de la dirección de Pensiones
• Juana Patricia “N”, excolaboradora de la Dirección de Pensiones y actualmente servidora pública
• Ana Paola, administradora única de la empresa moral Trapeza.
• Neftalí “N”, esposo de Ana Paola
• Ana Lilia “N”, particular
• Arturo “N”, gerente y representante de una institución bancaria (Bansi), contra quien además se ejecutó una orden de cateo en su domicilio en donde se aseguraron vehículos deportivos de alta gama.

“Una maquinación que se hizo por parte del personal de la Dirección de Pensiones, en contubernio, por personal de al menos una institución bancaria, en donde se hizo uso de documentos alterados o apócrifos, en donde se estableció, se le hizo ver al propio director de pensiones en su momento que contaba con un saldo de más de 700 millones de pesos en sus cuentas bancarias cuando en realidad solo contaban con seis millones de pesos”, destacó el fiscal José Luis Ruiz Contreras.

“Trasladaron el dinero de manera directa a cuentas de particulares para incrementar el patrimonio, pero también a cuentas de una persona moral, esa persona moral o esa sociedad en donde son parte tanto funcionarios de la propia Dirección de Pensiones como particulares, los cuales fungen como administradores de esa persona moral, solamente esa persona moral recibió más de 153 millones de pesos”, agregó.

"La forma de operar fue desde la Tesorería, pues a través de las cuatro cuentas maestras, fueron abriendo de manera indebida al menos 60 cuentas en una sola institución bancaria. Con estas cuentas, se dispersaba el dinero a diversas cuentas, hasta llegar a manos de particulares y de funcionarios públicos de la Dirección de Pensiones", explicó.

El origen de los recursos fueron las retenciones que se realizan a los derechohabientes y que, de manera indebida, desviaron en beneficio de una persona moral y personas físicas que tuvieron un incremento en su patrimonio al menos del 2020 al 2023, según la investigación.

Los detenidos enfrentan acusaciones por los delitos de ejercicio abusivo de la función pública. Este delito se castiga en San Luis Potosí con una expectativa de pena de 2 a 12 años y peculado, cuya penalidad va de los 5 a 15 años de cárcel.