La presidenta Claudia Sheinbaum salió  hoy en defensa de su iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones y reiteró que "en ningún momento estamos planteando la censura, estamos en contra de esa práctica". Afirmó que la iniciativa plantea que si alguna plataforma digital tiene registro de violaciones a la ley por asuntos de seguridad o incumplimientos fiscales pueda bajarse, pero, subrayó, no por sus contenidos.

Admitió que quizá hay un problema de redacción en uno de los artículos, lo que puede corregirse. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones –aseveró– tendrá atribuciones para cancelar plataformas, y eso tiene que ver con otras leyes. Si en la legislación del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, hay problemas de seguridad, pero jamás frente a la libertad de expresión, es la virtud del momento que vivimos.

Sheinbaum dijo que la oposición a su gobierno acusa "censura" y "han armado todo un escándalo tremendo" por el artículo 109 que propone bloqueo temporal de alguna plataforma digital por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las leyes aplicables. "Ese no es el propósito, que se elimine el artículo si causa confusión", propuso y rechazó que su gobierno busque censurar.

En la conferencia matutina de ayer jueves 24 de abril, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó los alcances de la reforma que, entre otros objetivos, debe luchar contra las prácticas monopólicas con un esquema equiparable con los marcos legales que rigen en Estados Unidos o Europa, combatiendo estrategias desventajosas y comportamientos irregulares que afectan el rumbo de la economía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones que envió ayer al Congreso de la Unión promueva la censura de plataformas digitales.

La mandataria federal explicó que la iniciativa de reforma no contiene grandes cambios, sino que se modifican las atribuciones de dos instituciones ahora extintas: el Instituto Federal de Telecomunicación (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a la Agencia de Transformación digital.

“En esencia no hay grandes cambios, solo que cambia atribuciones. Y en ningún momento estamos planteando la censura, pues si (nosotros) estamos en contra de la censura”, declaró la presidenta.

Sin embargo, reconoció que hay una parte de la redacción de la reforma que se podría interpretar como censura por lo que sugirió cambiar el texto.

“Hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso hay que corregir la propia redacción, pero tiene que ver con que sí hay sanción de alguna otra entidad por materia de seguridad por materia de que no paga sus impuestos (…) que comete alguna plataforma digital, la agencia tiene la atribución de avisarle a la plataforma que va a bajar”, agregó.

“Pero no tiene nada que ver con el contenido de las plataformas, jamás sería nuestra intención censurar. Si siempre hemos estado en contra de la censura”, reiteró.

La iniciativa de reforma surgió luego de que algunos canales de televisión abierta transmitieron un video  del Gobierno de los Estados Unidos.

El proyecto de la reforma contempla imponer penalizaciones económicas a medios nacionales que emitan mensajes de gobiernos extranjeros, sin contemplar mensajes de promoción cultural y turística. Dichas multas podrán ser de hasta cinco por ciento de los ingresos anuales a los concesionarios.

Las comisiones de Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes; Estudios Legislativos del Senado aprobaron ayer con el voto de Morena y sus aliados la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Con 29 votos a favor y 9 en contra de la oposición y críticas de que es una ley censura se avaló y se prevé que sea aprobada por el pleno el próximo lunes.

Manuel Añorve, del PRI, afirmó que no se trata de una ley de telecomunicaciones, sino de un intento por controlar los contenidos incluso en internet. Por su parte, el senador Néstor Camarillo la calificó como “la nueva censura del bienestar”, al asegurar que el gobierno busca decidir qué puede y qué no puede circular en radio, televisión y redes.

Se contempla la figura de rescate o quitar las concesiones de radio y televisión a concesionarios “cuando lo exija el interés público” o por “razones de seguridad nacional” a petición del titular del Ejecutivo Federal.

“No la han leído, vienen a levantar la mano y aprobarlo. Este albazo, madruguete no es una casualidad, es un truco tan viejo como perverso que lo han usado los regímenes autoritarios”, denunció Ricardo Anaya, coordinador del PAN.

También cuestionó el argumento del gobierno:“No es cierto que había una urgencia por los spots de Trump, ya no están al aire”.

“Nos vemos el lunes en el pleno, tendrán que pasar por encima de nosotros”, advirtió Anaya, quien anticipó que la bancada panista votará en contra.

La iniciativa presidencial contempla amplias facultades para el Ejecutivo, a través de la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que sustituiría al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Entre sus facultades están:

• Cancelar o “rescatar” concesiones de radio y televisión por motivos de “interés público” o “seguridad nacional”.
• Modificar bandas de frecuencia o recursos orbitales cuando se justifique por nuevos desarrollos tecnológicos o tratados internacionales.
• Imponer sanciones económicas de hasta el 0.75% de los ingresos por violaciones administrativas o falta de cumplimiento.

El artículo 68 establece que las concesiones podrán ser retiradas con una notificación previa y un plazo de 35 días hábiles para responder.