El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (USDT), sancionó, el 30 de marzo de 2025, a cinco presuntos lavadores de dinero del Cártel de Sinaloa (CDS), en Baja California, Sinaloa y la Ciudad de México, así como siete compañías, por proveer apoyo financiero a una organización terrorista.

Dicha institución usó, por primera vez, las herramientas derivadas de dicha designación para sancionar a cinco lavadores ligados al CDS designado como una Organización Terrorista Extranjera.

“El presidente (Donald) Trump y yo lo hemos recalcado muchas veces: la seguridad económica es seguridad nacional. Una de las funciones más importantes que desempeñamos en el Tesoro es proteger los intereses estadounidenses de los adversarios extranjeros”, dijo Scott Bessent, titular del USDT, citado en un comunicado.

Además de las sanciones por involucramiento en tráfico de drogas, las sanciones anunciadas estuvieron basadas en la Orden Ejecutiva 13224, firmada en 2001 por el entonces presidente George W. Bush, que otorgaban a las agencias más poder contra el financiamiento al terrorismo.

Los sancionados específicamente por apoyo material al terrorismo incluyeron a Enrique Dann Esparragoza Rosas, quien lideraría una célula de lavado de dinero a granel en la frontera de Mexicali, Baja California, tanto para las facciones de “Los Chapitos” como de “Los Mayitos”, del CDS.

También fue sancionado bajo el mismo concepto de apoyo financiero al terrorismo, Alan Viramentes Sesteaga, un asociado directo en Sinaloa de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito, para el lavado de dinero del narcotráfico.

También, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a dos operadores del CDS, Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Paez Vargas, basados en Mexicali, por apoyo financiero al terrorismo al liderar una red de lavado de dinero a granel, para figuras del Cártel de Sinaloa.

En la Ciudad de México, el Tesoro sancionó por apoyo financiero al terrorismo a Alberto David Benguiat Jiménez, un presunto empresario que apoyaba el lavado derivado del tráfico de drogas sintéticas de José Angel Rivera Zazueta, quien el Gobierno de EE. UU. identificó como importador de precursores para fentanilo.

Un sexto individuo asociado de Benguiat Jiménez, de nombre Christian Noe Amador Valenzuela, fue acusado formalmente por lavado de dinero ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, pero a diferencia de los anteriores no fue acusado de apoyo financiero al terrorismo.

Asimismo, las empresas sancionadas por apoyo al terrorismo son: Tapgas México, Amador, Scatman y Hatman Corp , Personas Unidas Hoas, Grupo Zipfel de México, Grupo Unter Empresarial, Productions Pipo, y Grupo Vindende, algunas ubicadas en Culiacán de Rosales, Sinaloa.