Armado "N", de 44 años, originario de San Fernando, Tamaulipas, denunció que el pasado domingo 13 de octubre, alrededor de las 7:30 horas, en la caseta de San Luis Potosí, en el parador ubicado sobre la carretera 57, fue objeto de un presunto abuso de autoridad que derivó en golpes, tortura, amenazas y abuso sexual en su modalidad de tocamientos contra su esposa Dayra "N", de 25 años, y maltrato a su hija Grettell "N", de 1 año 10 meses, por parte de supuestos elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), División Caminos. Piden la inmediata intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que investigue los hechos, ponga orden en la corporación y no permita más violaciones flagrantes a los derechos humanos. 

La representación legal del afectado recurrirá a las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos, dará a conocer los hechos a los medios de comunicación a nivel nacional, acudirán a la embajada de los Estados Unidos porque la niña Grettell es nacida en ese país y tiene derechos como ciudadana americana y buscarán que su caso se siga bajo el Protocolo de Estambul, manual internacional firmado por México que establece normas internacionales para la investigación y documentación de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, adoptado en 2001 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
De los hechos, Armado "N" afirmó que el día domingo 13 de octubre, entre 7:00 y 8:00 am, su esposa manejaba su camioneta de origen americano pues se dedican a la venta de estos vehículos; viajaba con ella que iba conduciendo la unidad y él dormido con su hija en brazos, procedentes de la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, en  dirección a Irapuato, Guanajuato.

"Fuimos detenidos por elementos de la Guardia Civil del Estado de San Luis Potosí que no tienen jurisdicción federal para parar vehículos y hacer aprehensiones en caso de algún delito, esas son funciones de la Guardia Nacional, cuando fuimos extorsionados, golpeados, torturados, y con tocamientos a mi esposa, y así mismo clavándonos droga para ponernos a disposición del Ministerio Público", afirmó.

Armado "N" agregó que dos elementos de la GCE los detuvieron, pidieron papeles de la camioneta porque no tenían placa y tampoco licencia de conducir. Aunque explicaron que se trataba de un vehículo americano amparado en el decreto federal de AMLO para regularizarlo, lo bajaron de la camioneta y, según su testimonio, con palabras soeces y empujones lo sacaron de la camioneta por lo que él respondió a los golpes y se retiró con su familia del lugar en busca de ayuda de la Guardia Nacional. Posteriormente, un gran número de elementos de la GCE, División Caminos, los alcanzaron, detuvieron y bajaron de la camioneta a golpes. 

"Nos detuvieron, nos golpearon, a mi esposa le hicieron tocamientos, a mi hija la maltrataron, a mí me metieron a un cuarto en un lugar donde había cámaras, que las chequen, donde los elementos me golpearon y amenazaron con desaparecerme y que ya había 'valido verga'. Si no es que se dan cuenta que mi hija es ciudadana americana nacida en Brownsville, Texas, quién sabe qué hubiera pasado. Nos remitieron al Ministerio Público con el falso delito de transportar droga cuando nosotros no nos dedicamos a ello, nos sembraron bolsas de cristal. Gracias a nuestro abogado pudimos salir de los separos de la Fiscalía General del Estado y llevar nuestro proceso en libertad. Tengo la nariz fracturada, golpes en todo el cuerpo, costillas quebradas, la clavícula lastimada y uso collarín en el cuello por lesión cervical", señaló.

Armado "N" relató que entrando al estado de San Luis Potosí inicia el calvario para los vendedores de autos americanos en todo el tramo desde Tula, caseta de Cerritos, el Huizache y por toda la 57 con dirección a Querétaro. "Es un sin fin de extorsiones por parte de esta policía civil estatal, división caminos. Y otro punto de importancia es el parador Potosino, ahí es donde se encuentran estas autoridades al acecho para la extorsión y secuestro exprés. Los agentes que nos detuvieron son Rubén 'N' y otro de apellido 'H'. Quien con otros elementos nos golpearon a mí y a mi esposa y sembró la droga es Pedro 'N'", denunció.

La defensa legal de Armando "N" señala que los vendedores de autos americanos procedentes de la frontera norte de Tamaulipas con Texas, Estados Unidos, piden la intervención del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que se investiguen estos hechos. No descartan hacer una manifestación y cerrar la carretera 57 en el tramo señalado.

Señala que "los vendedores de autos que vienen de San Fernando, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando transitan por ese tramo de la carretera 57, en San Luis Potosí, son objeto de presuntas extorsiones por parte de elementos de la GCE, División Caminos. Esto es lo que viven día a día los usuarios que transitan por los tramos federales que le competen a la Guardia Nacional pero que la GCE, División Caminos, se está encargando de realizar presuntos actos ilícitos, abusos de autoridad, usurpación de funciones, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y, en general, todo lo que va en contra de la ley rompiendo en su totalidad el Estado de derecho".

Afirma que "todo esto inicia para los paisanos procedentes de Estados Unidos y los ciudadanos de la frontera de Tamaulipas que transitan con vehículos americanos y que van con dirección al sur del país a vender los mismos, ya que de ello depende el sustento diario de todas esas familias. Exactamente en el límite del estados de Tamaulipas con San Luis Potosí, existe una patrulla de la GCE, División Caminos, día y noche, inamovible sobre tramo federal, única y exclusivamente realizando detenciones sin fundamentos legales a todos los vehículos que transitan sobre la misma en especial vehículos de procedencia extranjera y vehículos americanos, que vienen de la frontera, y que se dirigen al centro del país".

Explica que "el objetivo es extorsionarlos con sumas que van de mil a 25 mil pesos por vehículo, siendo que a unos metros de ellos se encuentran, en días aleatorios, un grupo de elementos de la Policía Federal Ministerial del Ministerio Público Federal que no hacen nada en contra de estos presuntos abusos que se dan de día y de noche".

Concluye que "es totalmente denigrante lo que esta familia vivió, los abusos que con ellos cometieron junto con su bebé de 1 año 4 meses golpeada al igual su mamá y su papá golpeado quebrándole las costillas. Es increíble que el Señor Gobernador no se dé cuenta de todos los atropellos que comenté la Guardia Civil Estatal. Es un total abuso de estos servidores públicos. La familia afectada va a llegar hasta las últimas consecuencias, ya exigiendo denuncias en contra de esa autoridad con copia directamente a Presidencia de la República, a las instancias de los derechos humanos pero principalmente a las autoridades de San Luis Potosí".