700 Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en San Luis Potosí se sumaron ayer a los de otros 28 estados de la República al paro indefinido de labores contra la reforma judicial impulsada por el gobierno federal.

En San Luis Potosí, tal y como estaba previsto, alrededor de setecientos trabajadores de juzgados y tribunales colegiados del Noveno Circuito pararon actividades en el edificio de la calle Palmira al poniente de la ciudad para sumarse al resto del país en exigencia de que la reforma judicial no toque los contrapesos, ni contamine de política la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y áreas subalternas.

Por su parte, trabajadores del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí emitieron un comunicado en el que expresaron su descontento por la falta de respuesta de jueces y magistrados locales ante la reciente iniciativa de reformas que consideran como una amenaza a la independencia judicial, pero hoy se informó que los jueces y magistrados federales ya votaron entre ellos la decisión y anuncian que también se suman al paro de labores a partir del primer minuto del miércoles 21 de agosto.

A las afueras de la mayoría de las sedes se colocó un aviso de suspensión de labores y señala que esto a efecto de ejercer el derecho a manifestarse de manera pacífica en contra de la inminente discusión y aprobación del proyecto de decreto donde se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al PJF.

“Disculpen las molestias, estamos defendiendo a México del abuso de poder autoritario”, expresaron. Trabajadores comentaron que atenderán casos urgentes; es decir, que tengan una necesidad o suspensión de plano; se prevé para aquellos asuntos en donde están en riesgo la pérdida de vida, libertad, incomunicaciones, ataques o tortura.

El secretario de tribunal Roberto Vega Turrubiartes, precisó que solo defienden la independencia judicial para que no se contamine de política, pero advirtió que los trabajadores están de acuerdo con una profunda reforma al sistema de justicia, que no involucre que un servidor público de tarea especializada como lo es el judicial tenga que ser sometido al voto popular, como sí en cambio puede ocurrir en los poderes Legislativo y Ejecutivo.