Este domingo 23 de marzo, se cumplen 31 años del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, ocurrido en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, y persiste la impunidad en torno al segundo tirador señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y los autores intelectuales del magnicidio que cimbró a México.

Luis Donaldo Colosio Murrieta, nació en Magdalena de Kino, Sonora, el 10 de febrero de 1950 y fue asesinado en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994, cuando era candidato a la presidencia de México por el PRI.

La opinión popular que prevalece es que se trató de un complot orquestado y dirigido en el seno del propio PRI, ordenado directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, a través de su jefe de asesores, José María Córdoba Montoya quien al final impuso a Ernesto Zedillo Ponce de León como el reemplazo de Colosio. Curiosamente ese día Zedillo no viajó con Colosio a Lomas Taurinas a pesar de que era su coordinador de campaña.

Luis Donaldo Colosio Murrieta llegó el 23 de marzo de 1994, alrededor de las 16:05 horas, tiempo del Pacífico, al aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de la ciudad de Tijuana, Baja California.

El primer lugar a visitar sería la colonia popular Lomas Taurinas, uno de los muchos asentamientos irregulares en la ciudad de Tijuana.

Alrededor de cuatro mil personas asistieron al mitin de “la unidad”, en el que también participaron cuatro oradores locales, previo a la intervención de Luis Donaldo Colosio.

A las 17:08 (UTC -8), Colosio bajó del templete y se dirigió a pie a su camioneta rodeado por una reducida escolta personal.

A las 17:12, cuando Colosio había caminado unos trece metros y medio en la explanada, uno de los asistentes al mitin penetró el cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre .38 cerca del oído derecho del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó al suelo inconsciente, sangrando de la cabeza.

En el año 2000, el último fiscal del caso, Luis Raúl González Pérez, estableció que no existían evidencias sólidas para señalar a nadie más que Mario Aburto Martínez como único autor intelectual y ejecutor del crimen, y por ello el gobierno mexicano cerró el caso.​ Sin embargo, la FGR reabrió la investigación en 2022.

Al menos 20 años después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia, el agente del hoy extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, estuvo activo en ese cuerpo de seguridad y realizando tareas, siempre bajo la fachada de reportero. La FGR señaló a este personaje como el segundo tirador en el magnicidio.

El jueves 4 de abril de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la FGR que publicara tras las elecciones la investigación sobre la nueva teoría del magnicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, en 1994, que involucraría a un segundo tirador.

AMLO aseveró en su conferencia matutina que en el Poder Judicial “se silencia el hecho de que hubo un segundo tirador”, en referencia a Jorge Antonio Sánchez, agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo de espionaje del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. 

También sostuvo que buscan ocultar la participación de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México con Felipe Calderón, condenado el año de 2023 por narcotráfico en Estados Unidos y que era entonces subdirector operativo del Cisen y “rescató” a Sánchez de la cárcel horas después del asesinato en la ciudad fronteriza de Tijuana.

Proceso pudo confirmar que al menos hasta 2016, Sánchez Ortega formó parte del Cisen, de acuerdo con mandos de la hoy extinta institución consultados al respecto y que pidieron mantener su nombre bajo reserva.

Aún más. La participación de Sánchez Ortega en Lomas Taurinas implicó a personas que actualmente están identificadas con Morena, el PT e, inclusive, con actividades delictivas, concretamente por presuntas relaciones con Genaro García Luna y el llamado Cartel de los Arellano Félix.

Desde 2008 Proceso publicó que Sánchez Ortega fue enviado como agente a Coahuila, estado donde permaneció realizando tareas de investigación de campo hasta agosto de ese año, cuando fue desenmascarado en un reportaje publicado en la edición impresa 1659.

Dicho reportaje, titulado “De Lomas Taurinas a Saltillo”, fue publicado el 17 de agosto de 2008 y días después, el 22 de agosto, Proceso publicó una nota de seguimiento sobre Sánchez Ortega en la que se reveló la forma en que vigiló movimientos sociales y actividades partidistas o de organizaciones de defensa de derechos humanos: haciéndose pasar como reportero. 

Entre quienes fueron investigados y vigilados por el entonces agente del Cisen destaca el exgobernador Humberto Moreira y su hermano, entonces líder del PRI estatal y hoy diputado federal y coordinador parlamentario del tricolor, Rubén Moreira; y el obispo Raúl Vera López; asimismo, durante muchos meses logró obtener datos personales y ganarse la confianza, siempre como reportero, de las viudas de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos.

A ellas, las viudas, se aproximó inclusive ofreciéndose a realizar tareas domésticas. Según él les leía la mano y mientras lo hacía les preguntaba datos personales. Se familiarizaron tanto con él que inclusive estaba presente en reuniones donde decidían las acciones que habrían de emprender para exigir, en aquel tiempo, el rescate de los cuerpos de los mineros.

Luego de que la FGR retomara la teoría de un segundo tirador, el nombre de Jorge Antonio Sánchez Ortega ha vuelto a la discusión pública, pues el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó dictar orden de aprehensión contra el exagente.

La información fue dada a conocer este lunes 29 por el diario Reforma, lo que motivó un hilo de mensajes en la cuenta de X, antes Twitter, de la FGR, donde además de reprochar el fallo de juez Chávez Hernández, ofrece algunos detalles de la investigación y advierte que buscará apelar.

Entre los aspectos que destaca la FGR fue que el mencionado agente estuvo presente en el sector Lomas Taurinas, de Tijuana, el 23 de marzo de 1994, durante el ataque a tiros que sufrió el entonces candidato.

Además, se recuerda que había sangre de la víctima en su ropa y dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, es decir, había disparado un arma de fuego.

En fotografías y videos de aquella fecha, Sánchez Ortega -por aquel tiempo con cierto parecido a quien se dijo era el tirador solitario, Mario Aburto- fue captado cerca del candidato y luego del ataque aparece manchado de sangre.

La FGR ha puesto sobre él la atención, destacando especialmente que en aquel tiempo, quien rescató a Sánchez Ortega del ministerio público y de un juez fue Genaro García Luna, quien se desempeñaba como subdirector operativo del Cisen.

“Jorge Antonio ‘S’ fue liberado en evidente encubrimiento delictivo vinculado directamente con Genaro ‘G’, quien en ese momento era subdirector operativo del CISEN, y lo rescató en Tijuana. Las pruebas presentadas por la FGR demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el momento del crimen; en la ropa del acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima; y hay pruebas de que disparó un arma. Ninguna prueba de descargo lo ha podido favorecer”, expuso la FGR en un tuit.

El viraje de la FGR sobre el Caso Colosio ocurre a casi 30 años de los hechos de Lomas Taurinas y precisamente luego de que un tribunal colegiado, a principios de octubre pasado, cancelara la sentencia que se le impuso ordenando que el caso fuera procesado en el fuero común (Proceso 7 de octubre de 2023).

El miércoles 17 de junio de 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su determinación de que se hiciera justicia en casos como el del magnicidio de Luis Donaldo Colosio y otros casos pendientes en el Poder Judicial de la Federación. 

"El 30 de octubre se solicitó la orden de prevención contra el probable segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio. Desde entonces, ha habido una serie de transferencias de competencia entre juzgados y, finalmente, el 5 de enero de 2024 se negó la orden de prisión contra esta persona", detalló el primer mandatario en su conferencia mañanera.

López Obrador destacó que la Fiscalía había presentado pruebas contundentes, incluyendo dictámenes periciales y análisis de manchas de sangre, para sustentar la solicitud de orden de aprehensión. Sin embargo, el juez a cargo desestimó estas pruebas, lo que ha llevó a la Fiscalía a presentar un recurso de apelación.

“Se puso el recurso de apelación el 8 de enero, el 15 de enero se admitió, el 28 de febrero se desahogó la audiencia de vista, en la cual se ratificaron los agravios. Desde esa fecha, se ha verificado, cada lunes, la lista para ver si será resuelto en esa semana y el 15 de junio solicitó la Fiscalía, audiencia con el magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación, quien comentó que el tiempo para resolver el recurso de apelación planteado sería de cuatro meses. Aquí está también la justicia rápida y expedita”, indicó AMLO al leer el informe de la FGR sobre el caso del excandidato a la presidencia en 1994.

AMLO criticó al Poder Judicial por los retrasos en la resolución de casos importantes, sugiriendo que ciertos jueces están reteniendo audiencias y resoluciones.