“Estamos en una reunión que no debería de existir”, dijo en este 30 de agosto por la mañana el sacerdote anglicano Arturo Carrasco durante una misa ecuménica celebrada en Ciudad de México en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

A su alrededor, decenas de familiares portaban mantas y camisetas con las fotos, nombres y fechas de desaparición de sus seres queridos. Al menos 115 mil personas han sido víctimas de este flagelo en el país desde 1952, reportan cifras oficiales, aunque diversas organizaciones estiman que la cantidad podría ser mayor. Trata de personas, secuestros, represalias y reclutamiento forzado a manos del crimen organizado están entre las motivaciones detrás de las desapariciones.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) destacó la magnitud del fenómeno de las desapariciones en el continente y la importancia de intensificar los esfuerzos de coordinación entre países e instituciones para prevenir y mitigar una de las consecuencias humanitarias más dolorosas de la violencia armada en la región.

La desaparición de personas en las Américas es un flagelo complejo agravado en situaciones de violencia y conflictos armados, migración, desplazamiento y desastres. Buscar, localizar e identificar a las personas desaparecidas, es responsabilidad de las autoridades en todos los niveles y de acuerdo con sus competencias, al igual que la atención integral a sus familiares. 

Establecer políticas de Estado coordinadas y sostenibles que aborden las causas profundas de las desapariciones para prevenirlas y erradicarlas debe ser un compromiso político a largo plazo, sostenido a pesar de cambios de gobierno o instituciones, afirma Marianne Pecassou, asesora regional de protección del CICR. 

La búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación continua e ineludible de los Estados, que deben asumir la responsabilidad de encontrar a cada persona desaparecida, sin importar el tiempo transcurrido ni las circunstancias. Las autoridades tienen la obligación de encabezar las búsquedas de manera inmediata y permanente, garantizando que las familias estén informadas y participen a lo largo del proceso, sin cargarles con la responsabilidad de lo que es, ante todo, una responsabilidad de Estado, expresó, Jérémy Renaux, coordinador del programa para personas desaparecidas y sus familiares en México y América Central del CICR.

A pesar de los avances de los últimos años, es necesario consolidar los logros ya alcanzados e invertir en recursos humanos, financieros y técnicos para fortalecer las instituciones encargadas de responder a esta emergencia humanitaria. La coordinación interestatal es imprescindible, especialmente si la desaparición ocurre en un lugar diferente al de origen de la persona desaparecida.

En este sentido, el CICR identifica claros desafíos en la región, como la insuficiente aplicación de parámetros legales efectivos que reconozcan explícitamente los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, lo que contribuye a la desprotección de las personas afectadas. La falta de ratificación de instrumentos internacionales y el significativo subregistro de las desapariciones son retos adicionales. Además, existen barreras de acceso a las instituciones responsables del registro de los casos, y, en muchas ocasiones, las familias tienen temor a sufrir represalias cuando la desaparición está vinculada a situaciones de violencia armada. 

Los marcos normativos establecen que la desaparición forzada es un delito pluriofensivo y multidimensional, porque la desaparición de una sola persona debería conmover e indignar a toda la sociedad. No es aceptable que una persona sea arrancada de su vida cotidiana, de su familia, y que no exista una respuesta. Por supuesto, hay responsables directos, pero todos y todas compartimos la responsabilidad de garantizar que estos hechos no se repitan, de nombrarlos, recordarlos y seguir luchando hasta que se esclarezca la verdad, manifestó Alejandra Cabrera, quien busca a su padre Leopoldo Cabrera García desde 1984 en Guatemala.

Asegurar un enfoque humanitario ayudaría a mitigar estos desafíos, situando a las personas afectadas en el centro de todos los procesos que se derivan de una desaparición. También es importante evitar la estigmatización que afecta a las personas separadas y desaparecidas, así como a sus familiares.

En términos prácticos, el CICR recomienda a los Estados actuar para garantizar el acceso a mecanismos de información y protección, promover iniciativas de coordinación interinstitucional y transfronteriza, usar bases de datos centralizadas, desarrollar marcos legales efectivos y fortalecer capacidades institucionales y técnicas. En el caso de la desaparición de migrantes, el CICR considera que debe abordarse de forma coordinada entre los países de origen, tránsito y destino, fortaleciendo ecosistemas para la gestión e intercambio de información y generando mecanismos de búsqueda, identificación y restitución.

Con el fin de ayudar a mitigar las consecuencias humanitarias de la desaparición de personas en la región, el CICR trabaja en coordinación con las autoridades nacionales y locales para construir políticas y mecanismos capaces de responder a este problema. También brinda apoyo a los familiares de las personas desaparecidas para fortalecer su capacidad organizativa y sus conocimientos sobre los procesos de búsqueda y el desarrollo de políticas públicas.

Además, el CICR brinda asesoría técnica a los sistemas forenses de la región en favor de la adecuada gestión y trato digno de las personas fallecidas, promoviendo su derecho a ser identificadas y entregadas a sus familias. Complementariamente, el CICR promueve la prevención de las desapariciones a través de programas específicos, y mantiene un diálogo confidencial con las autoridades sobre la protección de los lazos familiares.

Tan sólo un ejemplo, aquí mismo en la Terminal Terrestre Potosina (TTP) vean el número de personas que son buscadas por sus familiares y autoridades.

Algunas cifras del problema:

México y Centroamérica: según cifras oficiales de México, en el país hay más de 116.000 personas desaparecidas y no localizadas y han sido descubiertas más de 5.600 fosas ilegales. En paralelo, organizaciones civiles han reportado la existencia de 52.000 personas fallecidas no identificadas, cifra reconocida por las autoridades mexicanas. En América Central se desconoce con exactitud el número de personas que están desaparecidas, pues no existen registros centralizados y actualizados. Sin embargo, aunque fragmentada, la información pública y oficial existente muestra una realidad que la desaparición no es un fenómeno del pasado. Según datos de la Unidad de Desaparecidos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) de Honduras, de 2012 a 2022 se reportaron 9.838 personas desaparecidas. En Guatemala, el Ministerio de Gobernación informó que a diciembre de 2023 había 3.245 personas mayores de 18 años desaparecidas y al menos 45.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1960 y 1996. En el Salvador entre 8.000 y 10.000 personas desaparecieron durante el conflicto armado interno entre 1980 y 1992 y más de 22.000 denuncias de personas desaparecidas se registraron entre 2014 y 2019, según datos de la Fiscalía General de la República. 

Brasil: según datos oficiales del Ministerio de Justicia y del Foro Brasileño de Seguridad Publica, en Brasil se registra una persona desaparecida cada seis minutos, lo que refleja un aumento del 3,2% con respecto a 2022, con una persistente diferencia entre personas desaparecidas y localizadas. El CICR sigue trabajando con las autoridades responsables de la política nacional de búsqueda de personas desaparecidas con el fin de apoyar la coordinación de las diversas iniciativas existentes. Se debe priorizar la creación una red nacional y coordinada de asistencia interdisciplinaria en el país, basada en los servicios públicos existentes, para asistir a los familiares de acuerdo con sus necesidades.

Colombia: a pesar de la firma del Acuerdo de Paz entre las antiguas FARC-EP y el Gobierno colombiano en 2016, los casos de desaparición en el país siguen siendo frecuentes, debido, entre otros factores, a los ocho conflictos armados no internacionales y otras situaciones de violencia que afectan a la población. El CICR documentó entre la entrada en vigor del Acuerdo de Paz (diciembre 2016) y el 31 de julio de 2024, 1.730 nuevos casos de desaparición. Aunque existe una estructura institucional robusta, la magnitud y complejidad del problema imponen retos para la búsqueda e identificación forense y la atención de las necesidades de las familias.Perú: La cifra de personas desaparecidas del periodo de violencia 1980 – 2000 supera las 22.550, según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Existen dos sistemas complementarios para la búsqueda: las investigaciones penales que realiza el Ministerio Público y las investigaciones humanitarias a cargo de la Dirección General de Búsqueda del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El CICR acompaña en este proceso a las familias y autoridades, promoviendo canales adecuados para el intercambio de información y mecanismos que fortalezcan un trabajo interinstitucional coordinado con el objetivo que se incremente el nivel de respuesta sobre el paradero de las personas desaparecidas.